Apresentação de Tema e Objetivos do V Congresso Dimensões de Direitos Humanos

En 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (DUDH) incluyó una amplia lista de derechos individuales de primera generación (civiles y políticos) a los que añadió, tras no pocos debates y negociaciones, derechos, también individuales, convencionalmente calificados de “segunda generación” (económicos, sociales y culturales), a menudo, llamados, por reducción, “derechos sociales”, que son, sobre todo, los comprendidos en el bloque de los Artículos 22 al 27 de la DUDH, entre los que se enumeraban el derecho de toda persona a la educación, al trabajo y al descanso, a un salario equitativo y no discriminatorio, a sindicarse, a un nivel de vida adecuado que le asegurara, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios, la seguridad social y, dentro de ella, de seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de “pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. A ellos se añaden los derechos de toda persona (en cuanto sea madre o niño) a la protección especial de la maternidad y la infancia, (anticipándose además en el Artículo 16 el derecho de la familia a la protección), así como el derecho a gozar de la cultura y las artes y a la propiedad intelectual y moral de su producción científica literaria o artística. La  procedencia de la  distinción entre los derechos “de segunda generación”, que acabamos de enumerar someramente, y los denominados “de primera generación”, ha d and Objectivesado lugar a numerosos debates. Hoy se pone en tela de juicio, o se matiza mucho, el supuesto, facilitador de su deslinde, de que los primeros serían por naturaleza “negativos”, en el sentido de que no requerirían más que la inhibición o respeto del Estado a los mismos, mientras que los “Derechos de Segunda Generación”, o, según la nomenclatura de opción, ” Derechos Sociales”, serían “positivos”, esto es, requerirían la acción “positiva” del Estado, o de la sociedad internacional organizada, en la forma de “políticas públicas” nacionales o internacionales, con el potencial concurso, en su caso, de la sociedad civil.

En 1948 los “derechos civiles y políticos” y los “derechos económicos sociales y culturales” aparecían unidos en un solo texto y a todos ellos se aplicaba la pretensión de que se asegurara su implementación, “por medidas progresivas de carácter nacional e internacional”, lo que indicaba el carácter no vinculante y posibilista de todo el conglomerado, pero éste mantenía su cohesión.

Trató pronto la ONU de dar a los derechos meramente “declarados” fuerza jurídica e, inicialmente, igual valor. A tal fin encargó a la Comisión de Derechos Humanos la elaboración de un Convenio Internacional con el que tales principios pudieran obtener reconocimiento jurídico de los Estados-parte de las Naciones Unidas, encomendándole, al efecto, mediante Resolución de la Asamblea de la ONU del 4 de diciembre de 1950 (A/RES 421 E), la formulación de un único  Proyecto de Pacto Internacional de Derechos Humanos y la especificación de las medidas precisas para su aplicación, enfatizando la indivisibilidad e interdependencia de los derechos que en él fueran recogidos; indivisibilidad que se viene manteniendo teóricamente hasta hoy, y se reiteró en 1968, en la Proclamación de Teherán, y en 1993, en la Declaración y Programa de Acción de Viena: Pese a tan buenas intenciones, el pragmatismo estratégico propició de facto finalmente la división de los Derechos Humanos en dos Pactos, aprobados en 1966, uno vinculante de inmediato, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y otro, menos exigente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), al que siguieron diversos Convenios sectoriales sobre derechos puntuales.

 En este Congreso celebrado en la Universidad Portucalense de Oporto en Portugal (UPT) pretendemos analizar los resultados de esta segregación y diferente tratamiento de los derechos de “primera generación” y de los de “segunda generación” y reflexionar sobre la exigibilidad de los segundos y su interdependencia con los demás derechos, incidiendo de modo muy particular en los derechos laborales y en el papel que cumple en su configuración y promoción la OIT. Esta organización, DE LA QUE ACTUALMENTE FORMAN PARTE 187 ESTADOS, con sede en Ginebra, fue creada el 11 de abril de 1919, en el marco del Tratado de Versalles. EN 2019 CELEBRAMOS SU CENTENARIO.

Professora Doutora María Esther Martínez Quinteiro

Diretora do V CONDIM
Catedrática do Departamento de Direito da Universidade Portucalense;
Coordenadora do Grupo de Investigação Dimensions of Human Rights do Instituto Jurídico Portucalense

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